LA COMISIÓN DE INCAUTACIÓN DE BIENES, TRAS LA GUERRA.

 

Como un añadido a la “Guerra Civil en Euskadi”, y porque como consecuencia de ella derivarían incautaciones y multas a vecinos de Getxo, voy a incluir este apartado dedicado a las represalias que los “vencedores” infringieron a los  no adictos al “Movimiento”.

 

Una vez caído el frente de Bilbao, los militares sublevados decretaban el bando de estado de guerra en Bizkaia, al igual que en otras provincias, un bando que imponía un procedimiento sumarísimo de urgencia a todo lo que ellos consideraban delictivo.

 

Los que eran acusados, tras haber realizado las “fuerzas del orden” los informes, eran interrogados por un juez militar. Los interrogatorios eran auténticas farsas, la sentencia ya estaba dictada de antemano. En muchos casos los reos eran condenados a muerte, a largos años de prisión y/o a multas que por su cuantía suponían la pedida de todo su patrimonio.

 

Esas penas fueron ejecutadas por el llamado “Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas”, nacido de la Ley del mismo nombre, que fue uno de los elementos de excepción de la dictadura, considerado por muchos letrados como “anti-jurídico”. El tribunal estaba compuesto por militares y miembros de la falange. Del mismo, derivó la conocida como “Comisión de Incautación de Bienes”. La celeridad con que se movió fue tan violenta económicamente como sus sumarísimos. La Ley de Responsabilidades Políticas derivaba, en caso de muerte del acusado, la responsabilidad económica a sus familiares.

La Comisión Provincial de Incautación comenzaría su andadura con la elaboración de un inventario de la riqueza de la provincia en 1937. Querían tener una primera impresión de lo que iban a reportar a sus arcas las requisas.

 

Los desmanes económicos fueron recogidos en el Boletín Oficial del Estado del 23 de febrero de 1941. En él aparecían las multas impuestas por el tribunal de Responsabilidades Políticas de Bilbao a algunos ciudadanos vascos entre ellos a algunos vecinos de Getxo. Aunque los barrios que aparecen reflejados son los de aquel edicto, me consta por algunos apellidos, que son erróneos.

 

El encabezamiento de las sentencias decía: “Tribunal regional de Responsabilidades Políticas de Bilbao”. Relación de las sanciones que tienen pendientes de hacer efectivas y que le fueron impuestas por este Tribunal:

 

A LOS VECINOS DE GETXO:

Lorenzo Arechavaleta Asua con 1.000 pesetas.

Miguel Garay Lezama con 5.000 pesetas.

Basilisa Piñeiro con 1.000 pesetas.

Ceferino Jemein Lambarri con la pérdida total de sus bienes.

José Uribarri Gorordo con 500.000 pesetas.

Jenaro Elorriaga Enderica con 100.000 pesetas.

Isabel Echevarria Ugarte con 80.000 pesetas.

Leandro Arambalza Torrontegui con 8.000 pesetas.

Agustín Arambalza Goiri con 4.000 pesetas.

Serafín Laucirica Acha con 300.000 pesetas.

Tomás Acillona Uria con 350.000 pesetas.

María Jiménez Mayor con 15.000 pesetas.

José Rezola (sin segundo apellido) con 500.000 pesetas.

Juan Sarria Zubiaguirre con 60.000 pesetas.

Manuel Aresti Saitua con 500 pesetas.

Bernardina Lecube de Aguirre con 1.000.000 de pesetas.

Balbino Lasa Ibarra con 10.000 pesetas.

Felix Arteche Landaburu con 1.000 pesetas.

Francisco Ancuin Real de Asua con 50.000 pesetas.

Eulalio Menchaca con 100.000 pesetas.

Roman Pereiro Jauregui con 175.000 pesetas.

Antonia Araluce Ajuria con 500.000 pesetas.

Miguel Otaola Uribarri con 1.000 pesetas.

Eusebio Muñoz Ibarguengoitia con la pérdida total de sus bienes.

Manuel Zabala Aqueche con la pérdida total de sus bienes.

Agustín Zubiaga Ansoleaga con 10.000 pesetas.

 

A LOS VECINOS DE LAS ARENAS:

Pedro García Ocampo con 1.100 pesetas.

Isidro García Martínez con 2.000 pesetas.

Manuel del Rio Illera con la pérdida total de sus bienes.

A LOS VECINOS DE ALGORTA:

Ángel Odriozola con 3.000 pesetas.

 

En aquella relación aparecían otros vecinos de Getxo, aunque sin indicar su barrio de procedencia, aunque por la notoriedad de sus apellidos es fácil de deducir:

 

Sofía Mac Mahon Jacquet con 4.000.000 de pesetas.

Teresa de la Sota Aburto con 3.000.000 de pesetas.

María de la Sota Aburto con 3.000.000 de pesetas.

Asunción de la Sota Aburto con 1.500.000 de pesetas.

Ángeles de la Sota Aburto con 1.500.000 de pesetas.

María Luisa de la Sota Aburto con 1.500.000 de pesetas.

Begoña de la Sota Aburto con 100.000 pesetas.

María Mercedes de la Sota Aburto con 100.000 pesetas.

Ramón de la Sota Llano con 100.000.000 de pesetas.

José Vilallonga Medina con 2.000.000 de pesetas.

José Urresti Campuzano con 2.000.000 de pesetas.

Cristina Sota Mc Mahon con 300.000 pesetas.

 

Firmaba las sentencias el Juez D. José Tutáu Monroy, Juez de Primera Instancia e Instrucción y del Juzgado Civil Especial de Responsabilidades Políticas de Bilbao. En cumplimiento de lo establecido en la Ley del 27 de septiembre de 1940. Indicaba en la misma la siguiente coletilla: “…Se anuncia para que tanto las autoridades, funcionarios, entidades y particulares que tuvieran conocimiento de la existencia de bienes pertenecientes a aquellos expedientados, dentro del mes siguiente a esta publicación, lo comunique al Juzgado Civil de esta Villa o los ponga a disposición del mismo, apercibiendo que en otro caso, incurrirán en alzamiento de bienes o desobediencia grave a la autoridad, sin perjuicio de que respondan de ellos con sus bienes…”

 

Cantidades a todas luces excesivas si tenemos en cuenta que el sueldo medio en 1941 podía rondar las 120-200 pesetas. También nos da una idea de la desmesura de algunos precios de la época: El Aceite estaba a 16 pesetas/litro y Periódico 0.45 pesetas.

 

Sobre otras incautaciones a ciudadanos de Getxo ya hablé en mi entrada del lunes 25 de marzo del 2013 “Guerra Civil en Getxo -VIII-

Con lo que, salvo que encuentre nuevos documentos, este capítulo cierra esa serie dedicada a las incautaciones.